Pueblos Indígenas Embera, Wounaan y Zenú, de los Municipios de RioSucio y Carmen del Darién del Chocó, en Minga por la Vida y la dignidad, se encuentran “Caminando la palabra en la ciudad de Bogotá”. Explican que continuaran de manera indefinida, y se sumarán a la Movilización Estudiantil del jueves en todo el país.
El académico Víctor de Currea Lugo, analista de conflictos armados, señala que el rearme de un sector de las antiguas FARC "no es un hecho aislado", y tiene que ver "con los graves errores" cometidos a la hora de la implementación de los acuerdos de paz.
En general, explica el analista, "las élites colombianas no se sienten obligadas a implementar lo acordado", ya que no consideran el conflicto armado "desde sus causas económicas, políticas y sociales, porque para ellos, es un problema que se reduce a lo militar".
La posición gubernamental es como si se tuviera una tubería rota y la medida es anunciar que se van a comprar muchos recipientes para recoger el reguero. En el fondo, prometen actuar ante las consecuencias, pero no sobre las causas. Ver más
Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace varias semanas, denunció en una Carta Abierta a la Comisión de Paz del Senado, la traición a lo esencial del acuerdo de paz de La Habana, firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, y lamentó su ingenuidad al haber dejado las armas sin haber concretado antes los compromisos. "El proceso de implementación se ha caracterizado por ‘avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos‘", señala la carta.
Sus excompañeros y hoy parlamentarios por el partido FARC le salieron al paso a la carta y aseguraron que las reflexiones que hacen los excombatientes en la carta corresponden a una visión personal de los firmantes.
La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos, manifiesta su preocupación frente a la forma en que integrantes del Ejército Nacional se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz, indicando que acudirán a esta a demostrar su inocencia, lo cual deja en vilo el cumplimiento del deber de aportar a la verdad para garantizar así los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana. Ver artículo
